LA BANCA SIEMPRE GANA… SI NOS CALLAMOS

El primer temporal llegó a Galicia. Agua y viento nos metieron en casa a todos siguiendo las prudentes indicaciones de los servicios de meteorología, el estatal y el autonómico. Caían chuzos de punta y el viento silbaba en los árboles doblados su peor canción.

Pero aquello no era comparable, ni por asomo, con la borrasca profunda que estaba cayendo en la madrileña plaza de la Villa de París, en la sede del Tribunal Supremo, en la que el Pleno de la sala primera de lo Civil discutía si el impuesto hipotecario de Actos Jurídicos Documentados, en adelante AJD, debería abonarlo el cliente o por el contrario asumirlo el banco.

Había precedentes: en febrero de este año el alto tribunal ratificó que ese pago correspondía al cliente, pero desde el 16 de octubre pasado, en tres ocasiones, la misma sala sentenció lo contrario; es decir, decretó que el prestamista es quien debe correr con el impuesto.

Sin embargo, tras tres sentencias del litigio entre la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas y la Comunidad de Madrid, favorables al municipio periférico madrileño, se armó la marimorena judicial… porque ese fallo sentaba jurisprudencia al añadir que todo reglamento que dijese lo contrario debería ser anulado.

Sucedió que al día siguiente de hacerse público este fallo que alegró los corazones de millones de hipotecados, el presidente de la Sala Tercera del Supremo, Luís María Díez-Picazo, ordenó “dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación de asuntos similares y avocar la decisión al Pleno de la Sala para clarificar la doctrina”. Lo justificaba por “la enorme repercusión económica y social que traía este giro radical en el criterio jurisprudencial”.

La borrasca se convirtió en tormenta tropical que a su vez creció hasta transformarse en huracán cuando el mismísimo presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, publicó un comunicado en el que decía que las tres sentencias dictadas sobre el AJD eran firmes, pero que la sala de lo Contencioso Administrativo iba a aclarar el asunto en sesión plenaria.

Esta decisión elevó el tono de las voces de protesta, tanto ciudadana como política; y las asociaciones de jueces acreditadas en el país manifestaron su total desacuerdo con la decisión de revisar estas sentencias “porque ponía en entredicho la independencia del más alto tribunal del Estado y por tanto las decisiones de todos los jueces”.

Lo que estaba claro era que no se trataba de una cuestión menor. Con las sentencias a favor de la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas bajaron las acciones de los bancos en la bolsa de Madrid y los economistas gurús echaron cuentas: si el pleno del Supremo ratificaba el fallo estaban en juego 16.000 millones de euros. Las haciendas autonómicas tendrían que devolver a los contribuyentes las cantidades pagadas por el AJD y la banca sería quien pagase el impuesto a las administraciones. Vamos, otro caos económico para la España de las Naciones.

Llegó el día, el peor día de la historia judicial de España: tras dos largas jornadas y quince horas de decisiones, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo emitió su veredicto. Por 15 votos a 13, decidió “anular los recursos presentados por la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas y volver a la jurisprudencia que había estado vigente durante más de 20 años, y que fija que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) tiene que pagarlo el cliente”.

Desde las 19’00 horas del martes 6, se anuncia la llegada de otras borrascas mayores, porque la ciudadanía anuncia reclamaciones en masa. Habrá demandas colectivas y eso no solo aumentará el trabajo de los jueces, sino que además algunos de ellos volverán a sentenciar a favor del cliente.

Sí, aunque te parezca mentira, al menos la mitad de los profesionales de la judicatura en España están en desacuerdo con la decisión insólita de frenar los recursos dictada por el presidente de la Sala, Díez-Picazo.

Siempre se dice que gana la banca pero vuelve a escucharse con fuerza aquel grito… 

Tras este fallo plenario queda en entredicho la independencia del Tribunal Supremo y eso abre una herida muy profunda en nuestra democracia, que ya tiene suficientes debilidades como para que la castiguen también sus garantes.

Las redes sociales, el periodismo independiente, los políticos de raza, claman estos días la vergüenza que sentimos los ciudadanos al comprobar que también la Justicia es una estatua con pies de barro y se nos está desmoronando.

Esta vez mucho me temo que la rabia llegará a las calles y será la mayoría la que se defienda, como ocurrió otras veces, de los intereses espurios de esa minoría que intenta esclavizarnos.

Esto, aún cuando el presidente del Gobierno se ha puesto el traje del Capitán Trueno.

EL DÍA DESPUÉS

Catorce horas después del fallo en contra de la ciudadanía, subió al estrado de Moncloa Pedro Sánchez y el presidente lo dejó claro:

—- Los ciudadanos no pagaran ninguno de los gastos de los créditos hipotecarios porque mañana aprobaremos un decreto-ley que fije las normas para este tipo de préstamos.

Dicho y hecho, ayer jueves el consejo de ministros aprobó un decreto ley con el que modificará la norma que regula el impuesto de actos jurídicos documentados, el de las hipotecas, para que “nunca más” tengan que pagarlo los consumidores, sino que lo paguen los bancos.

Por si esto no fuese suficiente, el presidente Sánchez anunció que llevará al Congreso la creación de “una Autoridad independiente” que protegerá a los clientes de los posibles abusos y conflictos que provoquen sus relaciones con el sistema financiero.

A todo esto, los únicos que no están de acuerdo con las medidas del consejo de ministros son la banca, afectada por la norma, los 15 jueces del Supremo que votaron a favor de revocar las sentencias de Rivas… ¡Y Casado, presidente del Partido Popular! Este último dice que, al final y a la postre, los estafados seguiremos siendo, como siempre, los condenados.

Yo si creo que hay algunos políticos que le han pedido prestada la sonrisa al mismísimo diablo.

       

(4) Comentarios

  1. Una demostración más de que los jueces dependen de los partidos políticos, enlace de los poderes sociales: el PP le transmitió a sus chicos del Supremo la conveniencia de anular esas sentencias y como son muy fieles al partido así lo hicieron.

  2. Sin duda el mas duro golpe que recibió la democracia española. Si no podemos confiar en la Justicia… ¿En quien vamos a cponfiar los ciudadanos?

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