DEL REY ABAJO… TODOS

Por José Antonio Perozo

Quiero recordar que fue en el coctel posterior a la inauguración del Palacio de Congresos de Santiago de Compostela, de pie, copas en las manos, cuando Juan Carlos I se interesó por el significado de un pin que yo llevaba en la solapa. Le dije que se trataba de una interpretación artística de la bandera republicana. Él ya sabía de mi republicanismo por otras conversaciones y con su campechanía habitual me preguntó:

—- ¿En qué diferencias los beneficios de monarquía o república en estos momentos?

Con la misma sinceridad y cordialidad le contesté:

—- En la desigualdad, majestad; su hijo será rey y el mío no podrá alcanzar a ser presidente de la República.

Soltó una carcajada:

—- ¡Esa es buena, amigo!

En aquel momento no se me alcanzaba que la inviolabilidad también era una diferencia sustancial. Hoy la añadiría sutilmente.

Con toda seguridad su respuesta tampoco dejaría de ser jocosa, pero yo, a estas alturas, tendría aumentada la certeza de que su campechanía está amasada con la misma harina del cinismo de sus antepasados, quienes llenaron las bolsas con turbios y pingües negocios de espaldas a la miseria del pueblo. Está claro que Juan Carlos nos engañó mientras lo creíamos diferente a la estirpe Borbón, aunque juerguista y mujeriego, pero honrado y cumplidor con las leyes que él mismo sancionaba o promulgaba. Demócrata y hasta progresista.

En su decadente vejez tenemos la confirmación de que se enriqueció de espaldas a Hacienda y de que los delitos económicos investigados han prescrito, se han amañado o se cometieron mientras tenía la protección de inviolabilidad que otorga la Constitución al monarca, firmada por él mismo el 27 de diciembre de 1978, cuando republicanos y demócratas de todos los colores fuimos capaces de depositar de buena fe nuestra confianza política en su persona.

La Fiscalía General del Estado ha dado por probados cinco delitos y, tras mostrar su incapacidad legal para sancionar al rey emérito, los archiva. Una estratagema, quién sabe si planificada, para pasar página y dar carpetazo a tan alto asunto, puesto que, al órgano constitucional, al cual le correspondería investigar a su majestad delincuente, son las Cortes Generales. Esto es, ante una evidente ausencia del principio de igualdad para toda la ciudadanía española -también consagrado por la Constitución-, son idóneas por ser depositarias de la voluntad popular. El problema debería pasar a las cámaras de representación para llegar hasta el fondo de los cinco asuntos y sus consecuencias. Suponiendo que no existan otros en la sombra.

No será así por decisión de una mayoría complaciente de las Cortes. La misma actitud que, por razones coyunturales, ha permanecido activa, ciega y sorda frente a los rumores del comportamiento errático del simpático personaje durante su reinado. Molesta e indigna tanta permisividad en aras de unos méritos históricos ante los cuales tenía la obligación de ser diligente y eficaz. Méritos que configuraban su trabajo como es la obligación de un albañil conseguir la consistencia y durabilidad de la pared que levanta.

Y, además de la impunidad, la suya y las de quienes con él han colaborado en las tramas delictivas, indigna el continuado ejercicio de cinismo que se desprende de la carta enviada a su hijo Felipe VI mostrando la voluntad de ir y venir o permanecer en el retiro dorado de Abu Dabi. El mismo impoluto cinismo utilizado allá por 1995 para responderme con una carcajada, significando que del rey abajo todos podemos ser delincuentes, pero no pagamos igual. Eso ya lo sabían nuestros abuelos.