LA ASIGNATURA PENDIENTE DE LA JUSTICIA

Por Xosé A. Perozo

Al oír y ver al fiscal general del Estado en el acto de apertura del año judicial sentí verdadera satisfacción democrática. Permítanseme estas tres calificaciones. Verdadera, porque para mí la trascendencia de cuanto está sucediendo en la continuada confrontación de algunos sectores del poder judicial contra los poderes ejecutivo y legislativo es un terrible síntoma de perversión política que rompe la paz social y me duele sin paliativos. Satisfacción, porque a García Ortiz desde un bulo, sin pruebas demostrativas, se le está arrastrando al banquillo de los acusados a caballo de supuestos indicios que ponen en peligro la tranquilidad individual de cuantos españoles tengan que enfrentarse a un pleito alguna vez. El ejemplo es humanamente demoledor. Y democrática, porque en buen uso de la presunción de inocencia, como dictamina la Constitución del 78, el fiscal general ha actuado bajo el criterio legal al exigir una condena antes que la obligación de demostrar su inocencia. Constitucionalmente se ha sentado al lado del rey en el sillón legal que le corresponde.

En estos meses de alborotos por primera vez en la historia de la democracia hemos visto a magistrados manifestarse contra una ley de amnistía por entonces no escrita. O hacer huelga contra una reforma necesaria de la carrera judicial, que en puridad le corresponde realizar a los poderes ejecutivo y legislativo. O hemos leído autos esperpénticos tratando de destruir socialmente a determinados personajes. O hemos conocido maniobras propias de leguleyo para perseguir a un presunto inocente. O hemos escuchado opiniones de juristas con fundamentos exclusivamente ideológicos… Estos meses de alboroto, digo, la ciudadanía que trabaja para vivir al margen de los intereses de los poderes, que vive para pasar por esta maldita vida con la mayor tranquilidad posible, que se esfuerza en la educación de la prole o sueña con una jubilación decente, contempla el espectáculo con más temor que esperanza. Esa gente, que somos la mayoría, hemos llegado a la conclusión de que el añejo dicho de que la justicia es una farsa sobre el escenario de intereses espurios, era cierto. Y si no lo es, hoy lo parece.

Mientras la escandalera llamaba a mi puerta he recordado una lejana reunión informal, celebrada en la primavera de 1993, con Felipe González, a la sazón presidente del Gobierno y candidato a continuar siéndolo en la siguiente IV legislatura. El pequeño grupo invitado lo componíamos periodistas y escritores. Felipe se vanaglorió de haber conseguido la reforma del Estado, ampliado las competencias de las Autonomías, democratizado el ejército, reformado la educación, universalizado la sanidad gratuita, etc. El país había salido de la dictadura y el progreso resultaba evidente, pero según él le quedaba una asignatura pendiente: la reforma de la Justicia. Y se proponía aprobarla en los siguientes cuatro años. Por entonces en los mentideros se señalaba a Baltasar Garzón como futuro ministro de Justicia y creo recordar que fue Pepe Oneto quien le advirtió al presidente que sería una mala opción para lograr el cambio necesario. Felipe no contestó y llegado el momento el elegido fue Juan Alberto Belloch quien, del 93 al 96, ni siquiera puso los cimientos para la democratización del acceso a la carrera judicial.

Luego a Aznar le vino bien el estado conservador existente. A Zapatero lo ataron de pies y manos los poderes fácticos. Rajoy ni mareó la perdiz. Treinta años después de aquella reunión, en minoría han tomado el testigo Pedro Sánchez y Félix Bolaños. Sin embargo, en el arranque del nuevo año judicial el panorama no parece esperanzador.

XOSÉ A. PEROZO