galiciaunica Un recorrido semanal por la comunidad autónoma de Galicia, España.

¿PAGAMOS TODOS?

Por Manuel Menor

Lo que en política hacen algunos mayordomos del poder económico es ayudar a sus dueños a que sigan acumulando más riqueza En las rondas de las peñas de amigos pagan todos, aunque algunos traten de escaquearse compensándose a cuenta de los demás. Los más gorrones aprovechan, incluso, para consumir cosas caras y exclusivas, que los acompañantes, por razones de pudor, vergüenza u honestidad, no se atreven a pedir.

En celebraciones colectivas de colegas de trabajo, antiguos alumnos y similares, hay anécdotas suficientes para confirmar esta teoría de los gustos aristocráticos a cuenta de los demás. Casi siempre suelen ser maneras medio a escondidas, con abundantes excusas cuando se ven pillados en despiste y si cuela, cuela. Suelen ser las suyas, salvo casos de mucha cara, las argucias del zorro por ver si saca provecho.

ACUMULACIONES DE RIQUEZA

Este presente, en todo caso, es pródigo en demostraciones calculadas, adobadas de loas muy publicitadas de benefactores del bien de todos; ningún político alardeará de haber decidido algo si no es con esta excusa, y más cuando con urgencia dice atender a los más agraviados. Ahora mismo, la presidenta de la Comunidad de Madrid está en este brete y dice pensar mucho en la sufrida clase media “que siempre paga y no recibe nada”. Por eso, ha diseñado un plan de becas de dinero público para el curso escolar entrante, a las que puede optar una gama de familias que alcancen entre 107. 739 euros (si tienen un hijo) y 179.765 (si tienen tres o más) de renta anual.

Estos sustantivos “cheques escolares” a cuantos quieran acceder a centros privados de Bachillerato, Educación Infantil o FP, serán de imposibles a la gran mayoría de madrileños que lo deseen, dadas las cuantías y condiciones de las matrículas, pero no importa, pues son un regalo que pagamos todos. Para allanarle el mercado a estos centros privados, ha suprimido cerca de 6.000 plazas escolares en centros públicos, ha seguido ralentizando la construcción de otros y, entre otras estrategias favorables a este monopolio, su Consejería de Educación opta por ser la que menos gaste por alumno, 4.443 euros anuales frente a los 6.230 de media estatal. Es evidente que esta mujer, supuestamente dedicada a la administración de los bienes comunes de los ciudadanos madrileños, hace, al menos, una selectiva interpretación literal de una máxima del Evangelio de Lucas, 19, 26 en que “al que no tenga, aun lo que tiene se le quitará”.

Con todo, su pedagogía de dar un poco más, en un momento tan volátil como el actual, a los que ya tienen, tiene el agravante antidemocrático de ampliar la acumulación de recursos públicos en las personas de rentas más altas. Lo que no obsta para que, según difundió Europa Press, estas becas “incrementarán sus cuantías y habrá más facilidades para familias con menores ingresos o para los hijos de víctimas de violencia de género”. Las clases pobres, trabajadoras, o asalariadas -con niveles diferenciados de ingresos- no existen en esta noticia; solo se entiende si se consideran “clase media” las familias con ese nivel de renta y si el lector no se hace problema porque, en caso de que resultaran beneficiadas, se subvierta el concepto de beca tal como, en lealtad con la semántica, se ha entendido hasta ahora, en beneficio de quienes más las necesitan a causa de sus niveles bajos de ingresos.

Este detalle no parece haberles importado a los creadores del invento; menos les ha molestado la profunda desigualdad que en esa Comunidad existe entre quienes rondan ese nivel de ingresos y quienes han de subsistir con siete u ocho veces menos y, por tanto, con gran diferencia de recursos para ellos y sus hijos. El Consejero correspondiente, que no hace mucho dijo que no había visto los pobres que le ponía delante FOESSA (Cáritas), tampoco parece haberse enterado de que uno de cada tres críos esté en riesgo de exclusión severa. Y tampoco consta en su currículum que se haya preocupado por enmendar el gran abandono que su Consejería ha ejercitado sistemáticamente, desde 2003 –el año del Tamayazo-, con la red pública.

Cabe decir, pues, sin farsa, que esta desvergonzada decisión es una de las variadas maneras en que ayudan a sus votantes más ricos -sus patronos principales- a seguir acumulando riqueza. Glosando a Chuck Collins –Cómo los milmillonarios pagan millones para ocultar billones (Alianza: 2022)-, son “cortinas de humo” de algunos “mayordomos” ante el vecindario para ampliar, especular y ocultar la riqueza de unos pocos, toda una especialidad “industrial”.

En esa misma línea metodológica, soterrada y cínica a un tiempo, han de entenderse los comentarios de cuantos se han puesto muy dignos ante el reciente viaje de la ministra de Igualdad a EEUU. Destaca en ese coro un nervioso Feijóo: su prisa por pillar en renuncios sucesivos a la coalición gobernante aprovecha la mala coyuntura económica para ver si la desgasta un poco más y si, como contrapunto de la catástrofe que dibuja, su brillo como salvador de la patria epata a la audiencia.

Es lástima que no haga valer un poco más la supuesta imagen gestora con que sus adictos han adobado su imagen; los sufridos gallegos saben que las nieblas de la confluencia del Sil y del Miño lo dotaron de formas más suaves que las de Ayuso, pero tras su paso de estudiante por León pronto le vieron maneras parecidas; han quedado muy marcadas en las privatizaciones descapitalizadoras de Galicia y en cómo ha tratado a la educación, la sanidad o a las residencias de la tercera edad.

EL “INÚTIL” LATÍN DE GABRIEL

Cuando Gabriel Plaza, después de sacar la mejor nota en la EvAU de Madrid, declaró a mediados de junio que, para él, estudiar Latín y Griego había sido “un descubrimiento”, y que se especializaría en esa Filología porque quería ser “feliz”, las reacciones que causó a los de su edad fueron decepcionantes, por las sandeces que le dijeron y por lo expresivas que son de los modelos de emprendimiento que les gustan, porque sus criterios de valor reflejan la primacía de su ambición contable. A esta línea prevalente de estima le importa un bledo la desigualdad social y si nuestros políticos pelean o no por que tengamos una sanidad o una educación pública más fuertes para subsanarla; si son frágiles y quebradizas porque situaciones como la actual aceleran el negocio de su privatización les viene a cuenta. De una ética común no parecen esperar nada y lo que dicen o hacen personajes como Ayuso y Feijóo les mola mucho; no les importa que el modelo de acción social que impulsan sea una muy peculiar versión de los principios en que se inspira el Sistema Educativo Español desarrolle valores tales como “la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación”. Esto decía el art. 15 del Preámbulo de la LOMCE, la ley que impulsó su partido en 2013 y que tanto añoran.