VIVIR BAJO TECHO PROTEGIDO

Por José Antonio Perozo

El artículo 47 de la Constitución dice que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas…». Las reglas del mercado, no escritas en ninguna parte, propugnan el derecho a comprar, vender y alquilar viviendas a los mejores postores. Naturalmente, sin tener en cuenta otros resultados sociales diferentes al buen balance para las cuentas corrientes de los inversores y entidades bancarias. En esa confrontación de intereses entre constitucionalismo y mercado, históricamente viene ganando el mercado, abocando a las clases medias y bajas a una situación de catástrofe habitacional. Un problema difícil de resolver a corto y medio plazo, como demuestra la historia.

Para conocer el desastroso desarrollo de las políticas de viviendas sociales hay que remontarse a la buena voluntad de la Ley de Casas Baratas de 1911. Los avatares históricos, como el golpe militar del 36 y los cuarenta años de dictadura, convirtieron la promoción de vivienda en un paternalismo caritativo con pingües beneficios para los constructores del régimen: casas baratas subvencionadas, barriadas sindicales, nuevos poblados rurales de colonización… Reparto de llaves con fotos, bombo y platillo. Cuando la especulación empezaba a llegar a su cénit, en 1964 la dictadura congeló los alquileres y los grupos de propietarios cerraron el grifo. La democracia de 1978 tuvo que enfrentarse a un problema mayúsculo y dividió la gestión de la materia entre municipios, provincias y comunidades autónomas. Los gobiernos socialistas de Felipe González crearon planes cuatrienales de Viviendas de Promoción Pública (VPO) y en 2004 con Zapatero nació el Ministerio de Vivienda, máxima categoría concedida al problema. Por entonces la burbuja inmobiliaria generada por los gobiernos de José María Aznar se había convertido en imparable, dejando a las VPO en el limbo de los injustos. Durante los gobiernos de Rajoy, las crisis económicas mundiales y el desinterés conservador por el problema social, abrieron las puertas de la avaricia de los fondos buitre. A la vista de semejante evolución histórica se comprende que hoy la vivienda protegida se encuentre bajo mínimos y corra peligro de desaparecer.

En medio del caos asistimos a las confrontaciones partidistas entre ayuntamientos, comunidades y Gobierno central. Quizás el más paradigmático sea el ejemplo de Madrid, donde Ana Botella vendió impunemente cientos de viviendas protegidas a los fondos buitre, beneficiando a su propio hijo, y ahora tanto el municipio como el Gobierno de Ayuso se permiten culpar a Pedro Sánchez del embrollo generado. O la penosa circunstancia de una parcela, sita en la avenida Juan XXIII en Compostela, destinada por el Gobierno de Pérez Touriño para viviendas sociales, paralizada desde 2010 por Feijóo, y que ahora Alfonso Rueda anuncia recuperar como una novedad para construir apartamentos de treinta metros cuadrados destinados al alquiler social para jóvenes. Ínfimo hábitat que no llega ni a los 42 metros cuadrados propuestos por el Plan de Vivienda de Renta Limitada de 1954. Estos son dos simples ejemplos locales extraídos de lo universal.

¿Solución? Construcción de VPO al margen de la especulación. Si los chinos fueron capaces de levantar un gran hospital en una semana y Ayuso el inoperativo Zendal en un tiempo récord, por qué no se aplican esas técnicas de urgencia paliativa ante otras soluciones de largo plazo. Porque la hipocresía administrativa no debe ser constitucionalista y prefiere que gobierne el mercado.

José Antonio Perozo